La campaña de presión política consiste en el envío a todas las instancias concernidas del Parlamento -comisiones de Fomento, Justicia y Discapacidad del Congreso- con responsabilidad en esta materia de una propuesta de cambio legislativo junto con la reproducción a escala natural de un ladrillo de los empleados en la construcción de viviendas que lleva grabados mensajes exigiendo la reforma  urgente de la regulación en la materia.

 

En concreto, las consignas adheridas al ladrillo ("Construyamos accesibilidad", "Las viviendas no son prisiones", "¡Reforma de la Ley de propiedad Horizontal, ya!") recuerdan a los legisladores y a los dirigentes gubernamentales la necesidad imperiosa de acometer la modificación de la normativa sobre propiedad horizontal, ya que es una de los ámbitos que las personas con discapacidad y personas mayores experimentan como más problemático y discriminatorio, generando cientos de quejas y denuncias.

 

Paralelamente a este envío masivo, el CERMI ha hecho llegar la propuesta de reforma legislativa a todos los Parlamentos autonómicos, pidiendo a las cámaras legislativas territoriales que planteen a las Cortes Generales una proposición de Ley de reforma de la normativa sobre propiedad horizontal, que obligue al Congreso a debatir sobre esta cuestión y en su caso tramitarla.